Por Huáscar Cajías K.
Director- fundador de PRESENCIA, abogado y catedrático universitario. Fue embajador de nuestro país ante la Santa Sede.
Por su importancia y por las amplias repercusiones que tendrán, los acuerdos suscritos recientemente en Cartagena recibirán muchos comentarios y apreciaciones.
Ahora nos hemos de referir a un par de puntos que han sido enfocados de novedosa manera, que implican un reconocimiento de la realidad y que, por tanto, servirán de sólido fundamento de futuros planes. En ese sentido, se ha hecho un considerable avance, algo positivo y útil.
Por una parte, se halla la responsabilidad compartida por productores y consumidores de estupefacientes; de quienes tienen el vicio -no se trata aquí de determinar si lo adquirieron culpablemente o no- y de quienes proveen los medios para satisfacerlo.
No están lejanos los tiempos en que las naciones principalmente consumidoras sostenían que la entera responsabilidad por lo que sucedía correspondía exclusivamente o poco menos, a las naciones productoras, sobre todo si eran subdesarrolladas. Nada o casi nada había de imputarse a los consumidores. Se trataba de prejuicios maniqueos usuales en muchos campos que, en el caso de los estupefacientes, señalaban a los productores de materias primas como demonios mientras los consumidores eran ángeles engañados, víctimas arrastradas al mal. Tal supuesta polarización es absurda y no resiste al menor análisis.
Un paso decisivo para abrirse a la verdad y al realismo, se dio ya con el Plan Amplio y Multidisciplinario, aprobado en Viena en 1987 y que indicaba medios para combatir tanto a la oferta como a la demanda. Había una corresponsabilidad y, como consecuencia, la necesidad de obrar conjuntamente contra el mal. Se ha avanzado aún más en el texto de la Convención firmada en 1988, también en Viena. Es evidente que no se han alcanzado todas las metas deseables; pero también es verdad que se ha adelantado considerablemente y que buena parte de el progreso se debe a los problemas e inquietudes de Estados Unidos. Hay varias naciones que ya no toman en cuenta sólo a los productores y traficantes en sus disposiciones penales, sino que comienzan a preocuparse seriamente por las medidas con que hay que enfrentar y tratar a los consumidores. Es indudable que todos deben participar en la lucha porque hay una responsabilidad compartida. Inclusive la ayuda que se da a las naciones pobres, en este campo, no debe considerarse una mera donación más o menos generosa, sino como reconocimiento del deber que todos tienen de participar en la lucha.
Y con esto, llegamos a un segundo aspecto que no siempre se muestra con la claridad debida: el del destino de las ganancias, de los beneficios que resultan del narcotráfico. Sobreabundan los periodistas que, con increíble ligereza o ignorancia- o con ambas condiciones simultáneamente-, prosiguen difundiendo la tesis de que las naciones productoras de materia prima -generalmente subdesarrolladas, como Bolivia, Perú y Colombia no combaten con la debida energía al narcotráfico porque son las principales beneficiadas económicamente con él: primero, al producir y vender; segundo, al recibir ayuda para combatirlo. Ganancia neta desde dos direcciones. Sorprendentemente, estas afirmaciones mendaces suelen ser difundidas inclusive -principalmente, a veces- dentro de los propios países imputados.
Probablemente, valdrá la pena dedicar un artículo a mostrar específicamente los perjuicios, y no los beneficios, que el narcotráfico ocasiona a los productores. Por ahora, nos limitaremos a mostrar algunas cifras.
No es tarea fácil contar con cifras exactas acerca de los fondos que el narcotráfico mueve en el mundo. Las que se han dado a conocer en las últimas semanas muestran discrepancias notorias que, a veces, se deben a la oscuridad de ¡as operaciones investigadas; otras, a las manipulaciones, casi nunca desinteresadas, de los compiladores de datos. Se ha hablado de un mercado mundial que mueve entre trescientos mil y quinientos mil millones de dólares -cifra astronómica, sólo inferior, en la criminalidad internacional, a la venta ilegal de armas-. Entre un tercio y una mitad de tales sumas correspondería a la cocaína, cuyo consumo quizá disminuya en Estados Unidos, pero se halla en proceso de crecimiento en Europa.
Es posible admitir la cifra de alrededor de ciento cincuenta mil millones de dólares, con un error probable del 20% en más o en menos como la correspondiente a la cocaína. De tan enorme monto, ¿cuánto llega a los productores? Pues no mucho. En las publicaciones recientes se habla de un máximo de siete mil millones de dólares y un mínimo de tres mil millones, repartidos entre Colombia -con un 50%-, Perú -con un 35%- y Bolivia -con un 15%- (admitiendo que esos porcentajes están lejos de ser matemáticos). De estas sumas, hay que descontar, como generalmente se reconoce, lo que retorna a las naciones ricas y consumidoras, para pagar «materiales» (aviones usados, armas, vehículos de selva, aviadores, etc.), los célebres precursores sin los cuales la elaboración de cocaína no podrá realizarse y que provienen de las naciones industriales (recientemente, desde Estados Unidos se habla de investigaciones que han llevado a la conclusión de que más de un tercio de lo que; se exporta sirve a la elaboración de estupefacientes y no a las industrias legítimas, con la agravante de que es casi seguro que este destino criminal sea conocido o siquiera sospechado por los exportadores: Estados Unidos ha tenido la valentía de realizar la investigación; otras naciones prefieren no hacerlo, por lo menos que sepamos).
De lo anterior, resulta algo que puede parecer sorprendente, pero que no debería serlo. De los ingresos, beneficios o ganancias dejados por el narcotráfico, los productores de materia prima y que la elaboran en parte, reciben alrededor del 3 o 5%. Por lo menos el 95% beneficia a las naciones consumidoras, donde frecuentemente se realizan las tareas más difíciles de elaboración, donde son miles y miles de personas -más que en todos nuestros países- las que participan en el narcotráfico como comerciantes, traficantes, vendedores e, inevitablemente, funcionarios corrompidos para cerrar los ojos; hay que agregar los banqueros que participan en el «blanqueo» de cifras enormes de dinero.
Esta es la realidad: no somos, ni de lejos, los principales protagonistas del narcotráfico ni los grandes beneficiarios, como mendazmente se nos señala en casi todo el mundo.
Ha habido, al respecto, en Cartagena y sus preparativos, una rectificación de las falsedades corrientes. Es un buen paso. Ojalá la senda de Estados Unidos sea seguida por otros países.
De cualquier modo, quede claro que la cooperación internacional para combatir este mal -tarea que debe cumplirse- no muestra simple donación de buena voluntad, sino supone, expresa o tácitamente, el reconocimiento de una responsabilidad compartida y de que los beneficios criminales están lejos de llegar exclusiva o siquiera especialmente a los productores; el soporte económico para la lucha tiene que venir sobre todo de, quienes son sede de las mayores, de las más rendidoras operaciones del narcotráfico.